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Mujeres que defienden su territorio


En el marco del 27 Encuentro Nacional de Mujeres en Posadas del que participaron más de 25 mil personas se realizaron 56 talleres que se multiplicaron en cientos de grupos de trabajo. Entre los principales ejes abordados por las participantes figuró la violencia de género, las trabas para el acceso a la realización de abortos no punibles, la defensa y el acceso a la tierra, así como el sistemático secuestro de mujeres y niñas para la explotación sexual, situación que fue declarada de “emergencia nacional”.

Habitar Argentina participó del taller “Mujeres y Hábitat. Acceso a la Tierra, a la Vivienda y a los Servicios” en el que se informó sobre las propuestas legislativas presentadas en el Parlamento. Junto a más de 50 mujeres de Buenos Aires, Corrientes, Salta, Neuquén, Santa Fe, Córdoba y Tucumán, Alicia Alcaraz, integrante de Habitar debatió sobre la situación crítica en materia de desalojos. El grupo repudió las políticas represivas y de hostigamiento por parte de las distintas instancias estatales nacionales y provinciales. Las dirigentes sociales provenientes de distintos lugares del país compartieron sus historias de resistencia y organización frente a los desalojos de sus territorios. Estela, de Villa Gobernador Gálvez, en la provincia de Santa Fé contó la experiencia de más de tres mil familias que ocuparon 14 predios de tierra y fueron expulsados. Estela afirmó que su reclamo es por la urbanización porque no quieren construir villas sino barrios habitables. En la actualidad, seis de las compañeras están procesadas por su demanda de vivienda digna.
María, referente de tres asentamientos que implican más de cinco mil familias en Moreno, provincia de Buenos Aires. Ellas piden la expropiación del lugar para que se regularice su situación y la prioridad en la entrega de las tierras para jefas de familias y adultas mayores. Además contó que se reúnen en asamblea los domingos para avanzar en la organización de los proyectos de urbanización. Varias de las familias provienen de Capital Federal expulsados por los elevados precios de los alquileres en inquilinatos y hoteles.
Ana es dirigente social en Tucuman y cuenta que está organizada junto a 1700 familias que tomaron 40 hectáreas, en la zona de Alderete. En la actualidad, se encuentran en etapa de negociación con las gestiones municipales y provinciales y recibieron el apoyo técnico de un grupo de estudiantes de Arquitectura de la Universidad Nacional de Tucumán. Con angustia, Ana explica que “muchas somos mujeres separadas que vivimos situaciones de violencia. La toma para nosotras es la única manera de que tengamos un lugar a donde ir. Somos trabajadoras, desocupadas, y trabajadoras temporarias en la cosecha del limón, del arándano, de frutillas, pero cuando termina la época de zafra no tenés más nada”.
En otro momento dell taller se abordó la necesidad de incorporar la perspectiva de género en las políticas de hábitat. Se debatió en torno a qué políticas específicas serían adecuadas, entre las propuestas figura la realización de la escritura a nombre de la mujer porque es quien está al cuidado de la familia, especialmente niños y niñas. Se mencionó la necesidad de otorgar la preferencia en la declaración de bienes de familia en el marco de la próxima reforma del Código Civil, se pidió contemplar la actividad económica y productiva que generan las mujeres al momento de planificar la vivienda, tales como huertas urbanas, zonas comunitarias y otras actividades que no se suelen contemplar en la construcción del hábitat popular.
Además, se exigieron políticas activas en el acceso a la tierra y el apoyo y promoción de la producción social del hábitat debido a que se denunció la entrega de gran cantidad de hectáreas productivas de alto valor inmobiliario a sectores privados en Chaco, en Capital Federal y en Santa Fé. Se acordó difundir los proyectos legislativos de Habitar Argentina, considerar la experiencia de la Ley 341 que otorga créditos y asistencia técnica a cooperativas de vivienda en Capital Federal e impulsar la ley de freno a los desalojos campesinos. También se planteó la necesidad de coordinar instancias de formación y comunicación entre las organizaciones y se celebró el apoyo técnico a las comunidades por parte de las universidades públicas.

Algunas de las organizaciones presentes en el debate fueron el Foro Nacional de Agricultura Familiar, la Federación Tierra y Vivienda, Miles, Casa de la Mujer de Tucumán, Jubiladas de la Plaza, Taller Libre de Proyectos Sociales de la Facultad de Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, Movimiento de Ocupantes e inquilinos – MOI-, estudiantes de arquitectura de la Universidad Nacional de Córdoba, Corriente Política 17 de agosto, Comisión Nacional de Tierras.

Las organizaciones de Córdoba que forman parte de la Red Encuentro de Entidades No Gubernamentales y del espacio multisectorial Habitar Argentina, participaron del la Audiencia Pública que llevó a cabo en la ciudad de Córdoba la Comisión Bicameral para la Reforma del Código Civil, conformada por legisladores de ambas Cámaras del Congreso de la Nación.

El evento, del que participaron más de 90 oradores que presentaron sus observaciones y aportes al ante-proyecto de reforma girado por el Poder Ejecutivo Nacional al Congreso, forma parte de una serie de audiencias públicas que la Comisión Bicameral viene llevando a cabo en distintas ciudades del país.

La ponencia de la Red Encuentro fue elaborada por los abogados Florencia Pascuale, de la Asociación de Vivienda Económica, y Javier Elías, de SERVIPROH, con la colaboración de Marta Baima, de SEHAS, Vanina Picardo de CECOPAL, y Marcela Rodríguez, de la UNC y SERVIPROH. La presentación, a cargo de Javier Elías, se centró principalmente en promover la inclusión de pautas para la regularización dominial de los asentamientos informales y la inclusión de la función social de la propiedad en el código.
“El Código Civil debe dar tratamiento como prioridad a la regularización del título de propiedad para los sectores populares en el mismo articulado y no por ley especial”, sostiene el documento presentado a la Comisión. En su presentación Javier Elías manifestó que así como el ante-proyecto del Código Civil ha incluido en la categoría de derechos reales a varios conjuntos habitacionales como los tiempos compartidos, los barrios cerrados y los cementerios privados, es un acto de justicia que también se incluyan al menos algunas regulaciones generales para los asentamientos informales y villas de emergencia. “Es necesario que el Código incluya pautas para que se reconozca la construcción del hábitat de los sectores pobres allí en donde el Estado estuvo ausente, y así puedan regularizar las tierras que ellos ocupan en sus asentamientos”, destacó el abogado de SERVIPROH.
En otro punto, la ponencia refirió al incremento de los conflictos por el suelo en nuestro país que se dan por las disputas de intereses entre sectores que desde hace  décadas ocupan los territorios de manera informal, con aquellos que pugnan por apropiarse del suelo para su propio beneficio económico. El documento sostiene que estos casos ameritan que puedan incorporarse nuevas figuras dentro del derecho privado, como la función social de la propiedad. “Si bien es un punto que llevará mucho debate porque el principio de propiedad privada se encuentra muy arraigado en nuestra sociedad, el mismo debería ser compatible y reconocer los conflictos que se dan por la vivienda, la tierra y el hábitat”, propusieron desde la Red Encuentro.
La audiencia se realizó en el Salón de Actos del Pabellón Argentina, en la Universidad Nacional de Córdoba. La apertura estuvo a cargo de las autoridades locales: la Rectora Carolina Scotto, de la Universidad Nacional de Córdoba;  Ramón Mestre, Intendente de Córdoba; la diputada Diana Conti, Presidenta de la Comisión para la Reforma; el diputado Ricardo Gil Lavedra, Vice-Presidente 2º; el senador Ernesto Sanz; y el diputado Agustín Rossi.
Ricardo Gil Lavedra sostuvo que la reforma del Código Civil quedará en la historia como la obra de una generación y remarcó que no existe un desafío más importante para los miembros de esa Comisión, que aquella que sean los propios ciudadanos quienes aporten su visión para reformar el Código Civil que regula sus vidas desde antes del nacimiento hasta después de la muerte.
En el mismo sentido, Agustín Rossi, puso en valor que el objetivo de la Comisión consiste en que el resultado final sea “un Código en el quepamos todos y que recoja la pluralidad”. Y explicó que los legisladores tomaron la decisión de recorrer el país para que no sea un código de juristas e interesados en la materia, sino que todos tengan oportunidad de participar.
Por su parte, Diana Conti explico: “todas las ponencias presentadas durante las audiencias públicas serán recogidas o descartadas con sus fundamentos, pero no van a ser en vano”.