HABITAR Argentina expresa su preocupación en relación al proyecto para la sanción de una “Ley de Integración Productiva e Impulso al Trabajo en Barrios Populares”1 propuesto por el gobierno porteño y en tratamiento en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Este propone la creación de distritos económicos con cuantiosos beneficios impositivos para las empresas que inviertan en los barrios populares definidos discrecionalmente por el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de la CABA.
El proyecto de ley está muy lejos de fortalecer y desarrollar las actividades productivas existentes en los barrios populares, que generan miles de puestos de trabajo y son un eje fundamental para la integración social y urbana de sus habitantes, generando las condiciones para que esas actividades desaparezcan poco a poco.
Como HABITAR Argentina señaló en los Lineamientos Para la Urbanización de Barrios Populares no hay urbanización ni mejoramiento posible si se destruyen o afectan negativamente las oportunidades y condiciones que permiten la reproducción económica de la población. Sin embargo, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires busca aprobar con llamativa celeridad un proyecto que favorece a empresas externas a los barrios y genera una competencia desigual entre esas empresas, favorecidas por las políticas públicas, y trabajadores y trabajadoras de la economía popular que, sin apoyo gubernamental, intentarán sostener sus actividades económicas.
El proyecto no prevé apoyo alguno para el fortalecimiento de las actividades económicas que ya se realizan en los barrios populares, negándoles incluso la posibilidad de inscribirse al registro previsto por la ley que sólo está destinado a personas jurídicas. Únicamente considera que quienes habitan en los barrios populares puedan ser contratados por las empresas beneficiarias, no imponiendo obligación alguna en este sentido y siempre que existan los “perfiles” requeridos por las empresas, que no se ocuparán en capacitar a la población para crear empleo de calidad.
El proyecto no pone límites ni establece formas de control alguno a la enajenación de la posesión del suelo, los monopolios, el aumento del costo de los alquileres y del costo de vida en los barrios populares, por lo que en el mediano plazo se generarán desplazamientos de población que no podrá sostener la reproducción de su vida, tanto por el encarecimiento de viviendas, alquileres y consumos, como por la destrucción de sus puestos de trabajo, todo en abierta contradicción con las leyes de reurbanización que tienen como objeto la radicación definitiva de las y los habitantes y el desarrollo de sus actividades económicas.
Desde HABITAR Argentina instamos al Gobierno de la Ciudad, así como a los diputados y las diputadas del oficialismo, a considerar los aportes de habitantes y organizaciones de barrios populares, para impulsar un proyecto que sea realmente beneficioso para fortalecer y mejorar las actividades económicas de los barrios populares, condición necesaria para una real integración social y urbana.
1 Proyecto de Ley: PDLEY-2022-3-GCABA-AJG con la firma del Jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta, el Jefe de Gabinete de Ministros Felipe Miguel, el Ministro de Hacienda y Finanzas Martín Mura, el Ministro de Desarrollo Económico y Producción José Luis Giusti y la Ministra de Desarrollo Humano y Hábitat María Migliore.
A casi cinco meses de comenzado el año, el Congreso Nacional -luego de haber votado el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional- decide darse un mes de trabajo de la Comisión de Legislación General para modificar la ley de alquileres, aprobada hace menos de dos años con bajo nivel de cumplimiento y escasa aplicación. Esta es la única comisión activa y en funcionamiento tratando únicamente proyectos que modifiquen dicha normativa.
El pedido de modificación de la ley 27.551 aparece motorizado por distintos sectores del mercado inmobiliario que vieron afectados sus intereses por la sanción de la normativa. Lejos de presentar esta información como tal, mencionaron que los aumentos de los precios y la falta de oferta de vivienda en alquiler fue culpa de la ampliación de derechos, mencionando por todos los medios que la ley “no favoreció a ninguna de las partes” y que finalmente “fracasó”
Los reclamos de este sector encontraron eco en diversos legisladores, especialmente del bloque de Juntos por el Cambio, que presentaron proyectos que van desde la derogación de la norma, pasando por flexibilizar las regulaciones, hasta la aceleración de los desalojos. Por ejemplo, el diputado Alberto Assef (trámite 289 - D - 2021) propone derogar la normativa y acelerar los procesos de desalojos, en la misma línea el diputado Diego Felipe presentó un proyecto (trámite 295 - D - 2022) para derogar la normativa, lo mismo la diputada Lehmann (trámite 387 - D - 2022). Otros proyectos como el presentado por el diputado Alvaro Gonzalez (trámite 1412 - D - 2022) pretende sostener el conjunto de artículos de la ley pero modificar la duración mínima a dos años, coincidente con el presentado por el diputado Francisco Sanchez (trámite 1943 - D- 2022) que además de disminuir la cantidad de años mínima, pretende liberar el ajuste de los precios.
La ley de alquileres, votada por unanimidad en las tres veces que se llevó a recinto, elevó el piso de los derechos de les inquilines. Amplió el plazo mínimo de duración del contrato a 3 años, amplificó el abanico de garantías que les inquilines pueden presentar, incorporó un índice oficial que actualiza los montos anualmente, mejoró la dinámica entre propietarix e inquilinx respecto al arreglo de la vivienda, indicó a lxs propietarixs a que devuelvan el depósito actualizado y también propone instancias de diálogo para pactar renovaciones, entre sus principales características.
Además de tales modificaciones estructurales respecto a la situación contractual y el vínculo entre las partes, la ley de alquileres incorpora al arrendamiento como parte de una política de acceso a la vivienda, incluyendo al Estado en diversas instancias. En primer lugar, obliga el registro de los contratos en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). En segundo lugar, crea una instancia de mediación y arbitraje a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos con el objetivo de resolver conflictos en una instancia oficial. Por último, entrega un conjunto de herramientas al Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat (MDTyH) para poder incidir en el mercado de vivienda en alquiler en varias dimensiones. El Programa de Alquiler Social ordena la creación de un conjunto de acciones de distinta temporalidad para mejorar el acceso al alquiler para gran parte de las personas y familias inquilinas, poniendo especial énfasis en aquellos colectivos más vulnerables. Entre las principales líneas, el programa incorpora:
La creación de políticas específicas para las personas que sufren violencia de género y necesitan recursos para poder mudarse y salir de esa situación, como así también incluir al amplio universo de comunidades discriminadas por géneros, mujeres con hijxs, personas del colectivo LGBTQNB+ o a cargo de familiares con discapacidades diferentes o personas mayores dependientes.
El diseño de mecanismos que amplíen la oferta de vivienda en alquiler
La promoción de políticas de acceso al alquiler para poblaciones específicas: junto al ANSES, concretar líneas para jubilades, pensionades o desempleades
La regulación del funcionamiento del mercado de los seguros de caución que han proliferado en los últimos años y se desconoce su efectivo funcionamiento.
La generación de alternativas para facilitar el acceso a la vivienda en alquiler en todo lo vinculado al acceso: costeo de gastos, garantías, depósito, etc.
La realización de todas las acciones necesarias para poder corroborar el efectivo cumplimiento de la ley
A menos de dos años de la sanción de la ley ¿Que hizo el Estado con todas sus obligaciones? Según declaraciones del titular de la AFIP, sólo se registraron 169 mil contratos de un total de dos millones, aproximadamente. Además, cabe decir que estos contratos fueron registrados de manera voluntaria por inquilines o propietaries ya que no hubo ninguna política de difusión de este registro.
El Ministerio de Justicia no creó las instancias de arbitraje y el MDTyH no realizó ninguna acción para corroborar el efectivo cumplimiento de la ley. Del conjunto de acciones que le ordena el Programa de Alquiler Social, lo único que se hizo fue colgar en la página web del MDTyH un contrato modelo y los alcances de la ley pero sin ningún tipo de difusión. Incluso, el índice oficial por el cuál les inquilines deben calcular el aumento anual, no cuenta con difusión y la visualización de la página del Banco Central es realmente difícil. El propio Secretario de Comercio - Roberto Feletti - reconoció públicamente que no existían resortes para que les inquilines denuncien abusos y se comprometió públicamente a elaborar un sistema de atención de reclamos, aún sin novedades.
En definitiva, el denominado “fracaso” no es de la ley, sino del Estado en hacerla cumplir y realizar acciones para lograr mejorar el acceso a un mercado al que deben acceder el 20% de la población argentina para poder contar con un techo. La suba de precios de los alquileres no es por culpa de la ley, sino por una economía argentina con niveles de inflación históricos llegando a picos históricos: la inflación de marzo fue la más alta en los últimos 30 años. Para ejemplificar, según los últimos datos oficiales del INDEC, la inflación (según el IPC que no tiene en cuenta el precio del alquiler) es de 57,76%, donde se destacan: prendas de vestir y calzado: 67,2%, educación: 60,4%, alimentos y bebidas no alcohólicas: 55,8% y transporte: 55%. El índice de contratos de locación, para esas mismas fechas, dio 51,3%, ubicándose por debajo de todas las evoluciones mencionadas antes.
La desregulación del mercado no traerá aparejados bajas de precio ni aumentos de oferta de inmuebles, todo lo contrario, terminará agravando la crisis económica y social. Volver a pensar en renovar el alquiler cada dos años o pagar aumentos semestrales, son medidas regresivas que el mercado inmobiliario quiere imponer para volver a retener ganancias y aumentar los precios castigando a las familias inquilinas.
Frente a este escenario donde se pretenden realizar modificaciones regresivas, desde HABITAR Argentina solicitamos al Congreso Nacional que proteja a les inquilines de la avanzada del mercado en desregular el mercado y retroceder en los derechos conquistados.
HABITAR Argentina repudia la zonificación minera aprobada por la Legislatura de Chubut el día 15 de diciembre de 2021. Desestimaron las Iniciativas Populares, desacreditaron las manifestaciones de todos los 4 de cada mes que se llevan adelante desde hace 19 años y encima usan la represión policial a favor del extractivismo.
