HABITAR Argentina

 

 

Desde el comienzo de la cuarentena por la pandemia del COVID-19 venimos planteando la necesidad de que los gobiernos nacional y provinciales adopten políticas de emergencia para aliviar las graves situaciones de vulnerabilidad en las que se encuentra el sector más castigado por consecuencias de la precariedad habitacional.

En esa oportunidad propusimos la suspensión de todos los desalojos -administrativos, civiles y penales- y de toda clase de ejecución judicial que pueda dejar un mayor número de personas en situación de calle o empeorar las condiciones sanitarias de estas, y recibimos con beneplácito el DNU 320/2020 del Poder Ejecutivo Nacional que implementó parcialmente esta propuesta. Pero también advertimos que esta disposición no abarca la totalidad de situaciones de riesgo de desalojo, como por ejemplo las de familias que viven en casas ocupadas.

A cuatro meses del inicio de la crisis sanitaria, valoramos los esfuerzos que vienen haciendo las autoridades nacionales, pero advertimos el crecimiento de múltiples situaciones que nos alarman. En primer lugar recibimos denuncias de que se estuvieron efectuando desalojos ilegales, es decir sin orden de juez competente, incluso con la anuencia de fuerzas de seguridad, que han dejado en la calle a personas en situación de extrema vulnerabilidad. Por otro lado, aparecen diversas estrategias de propietarios para presionar a les inquilines informales a abandonar la vivienda: desde la suspensión de suministros de servicios - cortando el gas y la electricidad; la necesidad de contar con la vivienda para la supuesta llegada de un pariente, o también la necesidad de disponer del inmueble para una supuesta transacción inmobiliaria. También presenciamos intentos de desalojos impulsados por autoridades provinciales incluso en barrios registrados por el RENABAP.

Por último, hemos advertido situaciones de despliegue de violencia institucional como principal forma de respuesta del poder público frente a situaciones de personas desalojadas que recurren a ocupaciones de tierras abandonadas como salida desesperada, en el contexto de las medidas de aislamiento. Las múltiples situaciones de intimidación y violencias frente a los desalojos, se expresan, acentúan y recrudecen con impacto diferencial en las mujeres, familias monomarentales y otras feminidades, siendo necesario reconocerlas y abordarlas desde una política con perspectiva interseccional - transversal y territorial.

Frente a todas estas situaciones hacemos un llamamiento a los gobiernos nacionales y provinciales para que:

1. Se hagan cumplir con efectividad las disposiciones del DNU 320/2020 usando las herramientas a su disposición para evitar los desalojos ilegales y se aceleren las alternativas para brindar opciones para que las familias puedan hacer efectivo su derecho a la vivienda y al hábitat digno.

2. Se adopten medidas en el ámbito local para establecer canales de recepción de denuncias por amenazas de desalojos, se elaboren protocolos de intervención con perspectivas de géneros para el accionar coordinado de los organismos competentes y se impulsen campañas de comunicación de amplia difusión sobre los contenidos y el alcance del decreto 320/20.

2. Se instruya a las fuerzas de seguridad acerca del DNU 320/2020 y su alcance, que se impartan instrucciones precisas para evitar que la policía participe en desalojos sin orden judicial y se investiguen los hechos de violencia institucional en ocasión de desalojos.

3. Se abstengan de recurrir a una respuesta represiva frente a situaciones de violaciones del derecho a la vivienda y se adopten medidas de diálogo y participación de los afectadxs, brindando propuestas sostenibles de solución habitacional.

4. Se amplíen los alcances del decreto y se prorrogue por seis meses más el DNU 320/2020 con una formulación más amplia que incorpore las situaciones dramáticas que sucedieron estos meses.

5. Se establezca una política nacional, provincial y local de prevención de desalojos para, después de las medidas de aislamiento, prevenir estas graves vulneraciones de derechos.

6. Se impulsen campañas de comunicación de amplia difusión sobre los contenidos y el alcance del decreto 320/20, teniendo en cuenta la lengua de las Comunidades Originarias de cada zona del país (Qom, Wichi, Guarani, entre otras).