Hace dos semanas, el gobierno provincial de Córdoba presentó un proyecto para reformar la Ley de Ordenamiento territorial del Bosque Nativo Provincial que suscitó el rechazo masivo de la sociedad civil. El jueves pasado, una movilización estimada entre 15.000 y 40.000 personas ocupó pacíficamente las calles de la capital cordobesa rechazando el proyecto y exigiendo participar adecuadamente en su formulación, de acuerdo a lo establecido en la legislación nacional.
HABITAR Argentina acompaña a las organizaciones y a la sociedad cordobesa en su reclamo por el cumplimiento de la ley Nacional de Bosques y por un adecuado y efectivo nivel de participación social en la regulación local.
Entre otras disposiciones regresivas, el proyecto pretende establecer una reducción del 33% en el valor de las multas por desmontes ilegales y habilita la actividad minera en áreas protegidas, elimina la figura de arresto para los infractores y no contempla acciones para aumentar la superficie de bosques.
En 2007, el Congreso Nacional aprobó la Ley Nacional 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos. La norma obliga a las provincias a realizar el ordenamiento territorial local a través de un proceso participativo. En 2010, el gobierno de Córdoba aprobó la Ley Nº 9814 de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, de acuerdo a la normativa nacional, pero recientemente presentó un proyecto de modificación que implica un retroceso en los niveles de protección y que fue elaborado sin contemplar ninguna instancia de participación ciudadana.
Dicho proyecto se elaboró a espaldas de la Mesa de diálogo sobre el OTBN Córdoba, oportunamente creada por el gobierno provincial como ámbito participativo para la elaboración de las modificaciones a la ley vigente. El gobierno local informó el cierre de la Mesa de diálogo e, incumpliendo lo establecido por la ley nacional 26.331, lanzó su nuevo proyecto sin la participación de los distintos sectores y organizaciones que habían demostrado saberes e interés sobre la temática. Esta situación debe revertirse con urgencia.
El crecimiento de los desmontes es uno de los más graves efectos del avance descontrolado de la superficie territorial destinada al cultivo de la soja y a la creciente expansión de los grandes emprendimientos ganaderos. Este proceso, que también afecta a muchas otras provincias del país, tiene impactos negativos muy severos en términos sociales y ambientales. El aumento en la cantidad y magnitud de inundaciones e incendios, el deterioro de las condiciones de reproducción de la fauna nativa y, particularmente, el desplazamiento forzado de numerosas familias campesinas e indígenas.
Tal como señala el Consenso Nacional para un Hábitat Digno, “las condiciones de informalidad e inseguridad en la tenencia, tanto en el ámbito urbano como rural, componen escenarios de vulneraciones de derechos que con frecuencia se ven agravados por desalojos violentos realizados por redes de ilegalidad relacionadas con diversas actividades económicas (desde la narcocriminalidad hasta el agronegocio) que disputan el territorio”. El CNHD postula la necesidad de diseñar e implementar políticas territoriales integrales, capaces de abarcar las múltiples dimensiones de los procesos que ocurren en el territorio, en toda su complejidad. El ordenamiento territorial y la gestión democrática del territorio son dos herramientas fundamentales para lograrlo.
ADHERÍ AL CONSENSO NACIONAL PARA UN HÁBITAT DIGNO EN: WWW.CONSENSOHABITAR.ORG.AR