En el marco del plenario mensual de HABITAR Argentina, se organizó el evento “La crisis de los créditos UVA. Propuestas para una política sostenible e inclusiva de créditos hipotecarios” en el Anexo de la Cámara de Diputados de la Nación.
Al comienzo de la jornada y en representación de HABITAR Argentina, Eduardo Reese (CELS) destacó que se trató del “inicio de una acción que esperamos acompañar fuertemente para fundar las bases de una política crediticia inclusiva”.
Luego tomaron la palabra integrantes del Colectivo de Deudores/as Hipotecarios/as Autoconvocados/as de los Créditos UVA. Una de de ellos/as fue Paola, quien señaló que su organización está integrada por más de 4500 familias de CABA, La Plata, Rosario, Santa Fe, Mendoza, Necochea y cuantiosas ciudades de todo el país, lo cual demuestra que constituyen “la cara visible de un fracaso de la política habitacional del gobierno”. Comentó que en la actualidad debe un millón de pesos más que cuando sacó el crédito hace quince meses y manifestó que esta situación la padecen numerosas personas: “Somos 150 mil familias que corremos el riesgo de perder nuestras casas”.
Más adelante fue el turno de otra afectada, Cielo, que sacó el crédito hace casi dos años y su cuota aumenta, desde septiembre de 2018, mil pesos por mes, lo cual le resulta prácticamente imposible de pagar. Sostiene que debe ser el Estado el que reencauce esta política pública: “No fueron los bancos, fue el Poder Ejecutivo el que promovió una política de empobrecimiento”, comentó.
Otro integrante del Colectivo de Deudores/as que expuso fue Santiago, quien junto a su esposa sacaron el crédito en 2017. Si bien contaban con un departamento, por cuestiones de salud debían mudarse a una casa. Desde entonces, la cuota aumentó en un 50 por ciento. Si al principio su pago implicaba el 30 por ciento de los ingresos totales de la familia, hoy esa cifra ascendió al 80 por ciento del ingreso familiar. Añadió que el banco les prestó dos millones de pesos y hoy deben un millón más. “Todo este plan UVA es un racimo de decisiones políticas y nosotros queremos poder pagar nuestra casa. No estamos interesados en subsidios, queremos pagar lo que es nuestro. Literalmente, nos sentimos estafados por los que nos deberían cuidar”, afirmó.
Carla es otra deudora, que explicó que para sacar el crédito tuvo que trabajar quince horas por día para juntar el monto inicial que necesitaba y ahora tiene que volver a trabajar esa cantidad de horas para pagarlo. “Somos 150 mil familias estafadas y vamos a seguir organizándonos”, puntualizó.
Otra miembro del colectivo leyó una carta enviada por una mujer hipotecada que vivía en Misiones y luego agregó: “Somos muchas familias que tenemos miedo de perder nuestra vivienda. Ni vendiendo vamos a poder pagar lo que le debemos al banco”, señaló Claudia.
El último integrante del colectivo en hablar fue Federico, quien manifestó que se están organizando “para dar la discusión en todos los terrenos”. Especificó que se disparó la relación cuota-ingreso y que hoy se encuentran “en una situación de sobreendeudamiento pasivo porque no hicimos nada para eso”. Más adelante añadió que es necesario modificar el sistema crediticio actual y cambiar esta situación que padecen las familias que accedieron a un crédito UVA. Por último, explicó que “las propiedades valen menos de lo que valían cuando las compramos. Esto lejos de ser un negocio ha sido una estafa”.
La siguiente expositora fue Valeria Fantasía, quien concurrió en representación del Defensor del Pueblo de CABA, Alejandro Amor, y como integrante de la Dirección de Vivienda y Hábitat de dicha institución. Indicó que toda política pública debe ser razonable, sustentable, equitativa y presentar certidumbre, aspectos que no aparecen en los créditos UVA. Señaló que la solución hasta ahora ha sido extender el plazo de pago, pero ello es alarmante porque aún quedan décadas para continuar abonando la deuda. Sostuvo que “las familias no son inversores” y que es necesario plantear nuevas herramientas participativas para que la política habitacional sea sustentable.
Luego fue el turno de Germán Muiño, del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), quien remarcó la falta de una política pública de acceso a la vivienda y de acceso a créditos. También observó que los salarios no acompañan el incremento de la UVA y subrayó la necesidad de poner un tope a la suba de la cuota, lo cual no es una novedad en nuestro país. Por otra parte, aclaró que “es falso que el costo –oportunidad sea el precio del alquiler” e indicó que al principio el costo de la cuota implicaba el 20 por ciento más que continuar alquilando y a finales de 2018 esa cifra ascendió al 65 por ciento. Muiño aseveró que la respuesta tiene que venir de la política y no de los bancos y que una política de acceso al crédito hipotecario debe ir acompañada de una política de acceso a la vivienda. Por último, señaló que “los préstamos caen en términos reales pero no cae la rentabilidad, no cae el sistema financiero”.
La periodista Estefanía Pozzo explicó que la política de vivienda debe incluir porque “hay muchas otras personas expulsadas del trabajo formal, como por ejemplo las personas travestis-trans”, para quienes sería imposible acceder a un crédito y a una vivienda adecuada. Además, agregó que el sistema de vivienda está absolutamente privatizado y que “la política de vivienda no puede ser la garantía del modelo de negocios de los bancos”.
Más tarde, los/as deudores/as hipotecados/as leyeron una carta dirigida al Presidente de la Comisión de Finanzas de la Cámara de Diputados de la Nación, Eduardo Amadeo (Cambiemos), solicitando una reunión de trabajo para debatir los proyectos de ley que tienen giro a su comisión.
A partir de ello, expusieron diputados y diputadas nacionales. Javier David, del bloque Justicialista, advirtió la ausencia del Estado y del sistema financiero: “El Estado tiene que hacerse cargo y dar una solución”, indicó y añadió que la vivienda es un derecho humano. Se comprometió a buscar una solución desde su bloque, que combine el largo plazo con las problemáticas más urgentes que afectan a los/as deudores/as de los créditos UVA.
La asesora del diputado Marco Lavagna (UNA), Luz García Balcarce, detalló el proyecto de ley presentado por el legislador a fines de 2017, que implicaba la creación de un régimen de protección para los/as deudores/as, quienes pagarían la cuota en función de la evolución de sus salarios.
El diputado de Red por Argentina, Felipe Solá, sostuvo que el gobierno actúa como si los/as deudores/as fueran agentes inmobiliarios y no existe ninguna intención de protegerlos/as. “El tema es siniestro. Una política de vivienda no puede terminar nunca en la venta de la vivienda como solución”, puntualizó Solá.
Mónica Macha, diputada por Unidad Ciudadana, remarcó que los/as deudores/as de los créditos UVA se vieron obligados/as a organizarse: “Tenemos que poder pensarlo políticamente. Es una convocatoria desde el dolor, pero a politizar lo social”, manifestó la legisladora y agregó que esta discusión tiene que ver con la justicia y el acceso al hábitat. Junto al diputado de su mismo bloque, Axel Kicillof, presentaron un proyecto para tratar esta cuestión que consiste en que el cálculo de la cuota UVA no se limite a la inflación, sino que también incluya al salario y de esos dos aspectos la UVA sea el monto más bajo. “No es la solución estructural ni a largo plazo, pero sí para ahora porque necesitamos pasar este momento”, explicó Macha.
Después de las intervenciones de los/as diputados/as, integrantes del Colectivo de Deudores/as volvieron a tomar la palabra. Aclararon que no hay posibilidad en sus economías familiares de cancelar este crédito, el cual constituyó un vicio de origen porque se generó un sistema que no funciona. También subrayaron que lo que está en riesgo es la casa y el capital inicial con el que contaban al momento de solicitar el crédito. Entre las historias mencionadas, especificaron que muchas familias se quedaron sin trabajo y/o debieron recurrir a otros parientes para poder pagar la deuda. A su vez, todos/as reclamaron que se fije un tope a la suba de la cuota.
Para finalizar, desde HABITAR Argentina se manifestó el apoyo al colectivo y su predisposición para acompañar estas luchas por el acceso a un hábitat justo.