Habitar Argentina repudia los violentos acontecimientos que sucedieron anoche en Ushuaia, tras la destrucción de viviendas y el empleo de la fuerza contra las familias del Barrio 10 de Febrero; quienes son sistemáticamente asediadas, hostigadas y coaccionadas a aceptar ser relocalizadas en una zona desfavorable que no cuenta con los mínimos niveles de habitabilidad.
Tal como se anticipó tras la dramática situación del Parque Indoamericano, el problema territorial que hoy se vive en Capital Federal, se replicó en Tierra del Fuego, donde el intendente de Ushuaia, Federico Sciurano, intervino por medio de una mal llamada Cooperativa Magui Mar, con la posterior participación de las Fuerzas de Seguridad provinciales, sin orden judicial, en el barrio 10 de febrero en Ushuaia, en la medianoche del sábado.
Cabe destacar, que El uso de la fuerza contra los habitantes del asentamiento dejó un saldo de seis heridos. Los incidentes que comenzaron con la destrucción de las mejoras a una vivienda del barrio 10 de febrero, por parte de integrantes de una cuadrilla denominada Magui Mar convocada por la Municipalidad de Ushuaia para desplazar a las familias. Los integrantes de Magui Mar colocaron una motosierra en la cabeza de un hombre y destruyeron una vivienda nueva en medio de amenazas y golpes. Esto provocó la intervención de la policía provincial que disparó contra los vecinos del barrio con balas de goma y arrojó gases lacrimógenos para dispersar a los pobladores.
Este nuevo hecho de violencia hoy está enmarcado en la crítica incitación al odio propagada a nivel nacional. Mediante esta última intervención expulsiva, la Municipalidad de Ushuaia continua su hostigamiento al conjunto de familias, obligadas a aceptar ser trasladadas a módulos habitacionales distantes unos 12 kms de su ubicación actual, sin servicio de agua, cloacas ni gas, sin establecimientos educativos o de salud cercanos ni perspectivas de obtenerlos.
Es oportuno recordar que el diseño y la implementación de una política social integral en cumplimiento de la Observación General nº 7, incluida en el Pacto San José de Costa Rica, Comité Derechos Económicos Sociales y Culturales requiere que, tanto el Estado Nacional como los Estados Provinciales y Municipales, diseñen e implementen políticas sociales consistentes e integrales a fin de dar una respuesta habitacional definitiva a aquellas personas que queden sin vivienda como resultado de un desalojo legal. Estas políticas deben contemplar especialmente que la reubicación de las familias se realice en forma consensuada y con la presencia de abogados defensores públicos oficiales o abogados privados. A su vez, que tengan especialmente en cuenta el hábitat original, los lazos sociales, laborales y familiares evitando la vulneración de otros derechos económicos, sociales y culturales”.
