No tenemos dudas acerca de que el actual gobierno nacional ha destinado y destina no sólo recursos materiales sino una alta dosis de voluntad política a la solución de esta y de muchas otras carencias de las clases más desprotegidas. Es por eso que quienes integramos “Habitar Argentina. Iniciativa multisectorial por el derecho a la tierra, la vivienda y el hábitat”, un espacio plural en el que hemos confluido legisladores, académicos y organizaciones sociales, hemos querido aportar una herramienta más para avanzar en este problema específico.
No otra cosa es el proyecto de ley que hemos presentado en la Cámara de Diputados, con el objeto de que se declare la emergencia habitacional de villas y asentamientos poblacionales y se ponga en marcha, en el ámbito del gobierno nacional, un programa destinado a promover la regularización dominial de asentamientos en todo el territorio del país.
El proyecto caracteriza a las villas como urbanizaciones informales, producto de ocupaciones de tierra urbana donde se han asentado familias provisoriamente, con un tramado irregular, con alta densidad de población y escaso o nulo espacio verde. Las viviendas han sido construidas con materiales precarios o de desecho y la precaria infraestructura ha sido producida por los propios habitantes.
Los asentamientos, por su parte, se definen como barrios informales cuyos trazados urbanos tienden a ser regulares y planificados. En general, han sido organizados colectivamente sobre tierra degradada o fuera de los parámetros urbanísticos normales. Las viviendas y la construcción tienden a ser definitivas, se han reservado espacios públicos para plazas y otros equipamientos y se han ido incorporando paulatinamente redes de servicios públicos, con intervención de empresas privadas o del Estado. Sus ocupantes aspiran a la tierra y convertirse en propietarios.
En las villas y asentamientos, el crecimiento vegetativo de la población, las migraciones internas, el desempleo crónico y la precariedad laboral completan un escenario que plantea dificultades de difícil solución. Es a sus habitantes a quienes se postula como destinatarios de los beneficios de la ley que proponemos.
Como requisito previo a la regularización, los que aspiren a ella deberán acreditar la posesión pública, pacífica y continua, durante al menos tres años de los inmuebles o fracción de inmuebles de que se trate, que además deberán tener como destino principal el de casa habitación única y permanente o constituir una unidad productiva familiar.
La gestión y presencia del Estado en todo el territorio, mediante la articulación con las jurisdicciones provinciales y municipales, constituyen un objetivo central de nuestra propuesta. Pero esa gestión, al mismo tiempo, tiene que garantizar y promover instancias y herramientas de participación y gestión comunitaria durante las distintas fases del proceso de regularización. Es que los pobladores deben ser parte de la solución del problema e intervenir activamente en el mejoramiento de su barrio.
Estamos convencidos de que tanto la falta de información pública acerca de estos temas como la carencia de los recursos e instrumentos necesarios para enfrentar los procesos establecidos por el orden jurídico actual privan a la población afectada de la posibilidad de acceder, por medio de la Justicia, a la propiedad de la tierra y de una vivienda digna. Es por eso que el Estado, con políticas activas, debe investigar, proponer y aplicar soluciones a los problemas de los más débiles. Se trata, en fin, de dar un paso más en el camino hacia la eliminación de las desigualdades, una meta a la que quienes participamos del proyecto nacional, popular y democrático no queremos renunciar.