Link formulario para adhesiones
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Ante la circulación de información tergiversada y falsa sobre ésta significativa política pública para la población más vulnerable de Argentina, HA se manifiesta:
En el año 2017 por Decreto del Poder Ejecutivo Nacional se creó el Registro Nacional de Barrios Populares - RENABAP. Esto significa el reconocimiento de sujetxs de derecho de quienes habitan estos barrios.
Posteriormente, en el 2018 se sancionó, casi por unanimidad, y luego de décadas de lucha de diferentes organizaciones sociales, la Ley Nacional Nº 27453 de Regularización dominial de Barrios Populares, que propone la integración socio-urbana implicando esenciales y vitales mejoras en las villas y asentamientos de toda Argentina:“ ampliación del equipamiento social y de la infraestructura, el acceso a los servicios, el tratamiento de los espacios libres y públicos, la eliminación de barreras urbanas, la mejora en la accesibilidad y conectividad, el saneamiento y mitigación ambiental, el fortalecimiento de las actividades económicas familiares, el redimensionamiento parcelario, la adquisición de tierras para la producción de nuevo suelo urbano, la seguridad en la tenencia y la regularización dominial (artículo 1º de la Ley 24753/18 y de la posterior Nº 27.694/22, que amplía los mecanismos de intervención y amplia a 10 años la prohibición de los desalojos). Estas iniciativas surgen de las experiencias previas de mejoramiento de barrios por parte de los Estados de todos los niveles y de organizaciones y entidades de larga trayectoria.
Este marco legal reconoce y otorga derechos a las familias que habitan los barrios populares. Para esto se otorga un número de identificación (ID) y se localizan los polígonos de cada barrio, así se facilita a cada hogar los Certificados de Vivienda Familiar, que le permite a los habitantes facilitar gestiones ante organismos públicos. Este trabajo implicó relevamientos en los territorios, los que fueron constantes y actualizaron los datos. El primer relevamiento reconoció a más de 4.400 barrios populares (anexo de la primera Ley) y el último comprendió a 5.687 con más de 5 millones de personas. En estos espacios urbanos con graves precariedades vive alrededor del 10% de la población nacional, con diferencias regionales, provinciales y locales.
Desde 2019 se previó un fondo de recursos públicos propios financiado por distintas fuentes (Impuesto PAIS, impuesto a las grandes fortunas, créditos internacionales, etc), para la inversión de los proyectos en la regularización dominial e integración socio-urbana. La mayoría de los proyectos y recursos (75%) se federalizaron y son ejecutados por provincias, municipios y organizaciones sociales u ONGs bajo la coordinación de la Secretaría de Integración Socio-Urbana y el 25% restante fueron gestionados y ejecutados por organizaciones e instituciones sociales (cooperativas y asociaciones civiles), incluyendo en todos los proyectos la creación de empleo temporario, con la participación en la ejecución tanto de provincias y municipios como de ONGs
En necesario destacar algunos de los resultados alcanzados con está política a fines del 2023:
- El desarrollo de más de 1.200 proyectos de provisión de redes e instalaciones internas de agua, cloaca, electricidad, gas, equipamientos comunitarios, etc.
- La construcción 250.000 mejoras de las viviendas (“Mi Pieza”) otorgado a mujeres.
- El otorgamiento de 850.000 Certificados de Vivienda, que registran la posesión de familias del lugar que habitan y facilitan el acceso a los servicios y equipamiento.
En definitiva, las políticas de mejoramiento de barrios y regularización dominial contribuyen de modo relevante a fin de morigerar las desigualdades socio-urbanas, al posibilitar el acceso a servicios públicos, mejores oportunidades, bajar la inseguridad multidimensional y el aislamiento social.
Es fundamental la continuidad de esta política pública, plasmada en una ley con un gobierno y sostenida por el siguiente y es erróneo asociarla al apellido de un referente social. Esta, se basa en que no solamente busca reducir la profunda inequidad social existente, sino también otorgar seguridad en la tenencia y conjurar el miedo al desalojo. y contribuir a mitigar las consecuencias negativas y riesgos para toda población de los barrios populares que se encuentran en el ciclo vital de mayor criticidad, como en el desarrollo y crecimiento de las infancias y juventudes, en las mujeres y diversidades, y en las personas adultas mayores.
Por todo lo expuesto, en este contexto acuciante de crisis socio-económica y de profundización de las desigualdades estructurales proponemos y requerimos:
- La continuidad de la Política de la Regularización Dominial e Integración Socio-Urbana y con recursos presupuestarios asignados, aspirando a que se acrecienten porque son indispensables las acciones estatales de mejoras del hábitat precario, en la población más vulnerable de la sociedad, la situación de las familias de menores recursos y con menos posibilidades de acceder a una solución habitacional vía mercado. Recordemos que la emergencia habitacional está provocando el crecimiento de los barrios populares ante la imposibilidad de sostener un alquiler y más aún acceder a un lote.
- El cumplimiento de los proyectos y convenios en curso, ya que muchas de las obras a lo largo y ancho del país, se encuentran en ejecución y no pueden ser abandonadas por todo lo que significa en cuanto a pérdida de oportunidades, inversiones desperdiciadas y pérdida de todos los impactos positivos para sus habitantes y para toda la ciudad en su conjunto.
- La actualización presupuestaria para tener en consideración los mecanismos de redeterminación de los costos reales de la construcción ante la escalada inflacionaria.
- El resguardo de la seguridad jurídica de la posesión de los vecinos para todos los barrios populares en el RENABAP, para garantizar que no se produzcan hostigamiento ni desalojos por los derechos ya reconocidos y el resguardo de los polígonos para futuras acciones de mejoramiento así como de los predios de los lotes de interés social. Propiciando de este modo que se desarrollen las gestiones de la regularización dominial de la totalidad de los barrios populares iniciados y se activen los restantes, a fin de completar la inscripción y titulación, completando la seguridad jurídica, tal como lo recomiendan los organismos internacionales.
Finalmente, la institucionalización de este tipo de política pública requiere que tenga continuidad en el tiempo porque los proyectos y las acciones llevan años y requieren que trascienda a los gobiernos que se van sucediendo. Implica una línea mínima de justicia social que, de llevarse a cabo, genera impactos positivos para la población más vulnerable, para las ciudades en su conjunto dado que la precariedad habitacional y del hábitat urbano de los barrios populares constituye una deuda histórica de la democracia argentina, que debe saldarse.